SITUACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL EN ESPAÑA. JULIO 2010
En 2010 la Asociación AESTE encargó a la prestigiosa consultora PricewaterHouseCoopers un informe sobre la situación del sector de la atención residencial a personas mayores en España
Al final de esta página tenéis un enlace al informe mismo.
Para hacerse una idea sobre de qué va, os invitamos a leer este extracto del prólogo:
Uno de los mayores éxitos de la segunda mitad del siglo XX ha sido el aumento de la longevidad, reflejando una mejora de las condiciones sanitarias y de bienestar de la población en Europa. Podemos estar orgullosos del hecho de que, en los últimos 50 años, nuestro modelo de desarrollo ha permitido incrementar el número de ciudadanos que llegan a edades avanzadas y hacerlo en situación de relativa seguridad económica.
Sin embargo, el aumento de la longevidad acompañado con un importante descenso de la fecundidad durante los últimos 30 años, ha generado una rápida transición hacia una población envejecida que, de acuerdo con las proyecciones demográficas, permanecerá durante décadas. Esta tendencia está acarreando cambios profundos en todas las generaciones y la mayoría de las áreas de actividad sociales y económicas.
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia representa asumir en términos legales el reto de atender las necesidades de aquellas personas que, por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad, requieren apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía.
Las prestaciones de atención a la dependencia se canalizan a través de servicios y prestaciones económicas con carácter excepcional. Los servicios, destinados a atender las necesidades de las personas con dificultades para la realización de las actividades básicas de la vida diaria, tendrán carácter prioritario y se prestarán a través de la oferta pública de la Red de Servicios Sociales por las respectivas Comunidades Autónomas mediante centros y servicios públicos o privados concertados debidamente acreditados.
De no ser posible la atención mediante alguno de estos servicios, se realizará a través de una prestación económica vinculada destinada a la cobertura de los gastos del servicio previsto, debiendo ser prestado por una entidad o centro acreditado para la atención a la dependencia.
La prioridad en el acceso a los servicios vendrá determinada por el grado y nivel de dependencia y, a igual grado y nivel, por la capacidad económica del solicitante. Hasta que la red de servicios esté totalmente implantada, las personas en situación de dependencia que no puedan acceder a los servicios por aplicación del régimen de prioridad, tendrán derecho a la prestación económica señalada.
Recientemente, el 14 de Mayo de 2010, el gobierno ha aprobado una serie de medidas que establecen un plazo máximo de 6 meses para la resolución de las solicitudes de dependencia hasta la adjudicación de la prestación y eliminación del importe pagado por retroactividad, ya que al haber un plazo máximo, no habrá retrasos que compensar en la recepción de los servicios y prestaciones.
Transcurridos tres años desde la aprobación de la ley, el presente documento, a través del análisis de la información pública disponible, de la información aportada por los principales operadores del sector y de la realización de entrevistas a los principales agentes del sector, recoge la situación y las inquietudes del sector de atención residencial a mayores, uno de los principales contribuidores a la mejora de la calidad de vida de las personas en situación de dependencia.
Del prólogo del estudio
Dra. Sílvia Ondategui
Directora de Sanidad y Farmacia
PricewaterHouseCoopers
El informe considera que para dar sostenibilidad al sistema se debe establecer una colaboración público-privada más eficiente y apuesta por "establecer las tarifas de las plazas concertadas por la Administración por nivel de dependencia según el coste real de los servicios para evitar que las tarifas privadas cubran el déficit de las tarifas públicas”. El coste medio de una plaza residencial en España es de 70 € /día. Las tarifas oscilan desde los 1.928€ al mes para la baja dependencia hasta los 2.187€ al mes para la alta dependencia. Actualmente las Administraciones pagan una media de 54 € al día a los centros concertados, lo que supone 16 € diarios menos de su coste.
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