Las vacunas contra la COVID-19 son el arma más poderosa para detener la pandemia. Los protocolos señalan que debe seguirse un orden es su administración, y que las primeras personas que deben vacunarse son las más vulnerables, las usuarias de residencias de mayores. Sin embargo estamos viendo que estos protocolos se incumplen en ocasiones de manera escandalosa.
La Consejería plantea que los centros sociosanitarios que cometan irregularidades se exponen a perder, si las tienen, las plazas concertadas con la administración, por el procedimiento de que cuando fallezca la persona que ocupa esa plaza, esta no se renovarán en los conciertos. De momento, ya se han abierto expedientes informativos sobre las posibles vacunaciones indebidas.
Esta medida se toma tras haber detectado seis vacunaciones irregulares en una residencia. Según la Junta, se incluyeron en el listado de vacunación personas que no estaban en el primer grupo, que es el de los residentes y de quienes tienen contacto estrecho con ellos.
Por otra parte, se denunciará a la fiscalía si se falsifican las listas de vacunación.
Castilla y León cuenta con unas 3400 plazas concertadas en residencias de mayores. En total, hay 73 400 personas entre residentes, trabajadores fijos de centros residenciales o que prestan servicio en los mismos y tienen contacto directo con los residentes susceptibles de recibir la primera dosis de la vacuna en los primeros grupos establecidos. El 98 % de estas personas están en listados de la Consejería de Familia o la de Sanidad, el 2 % pertenece a profesionales externos que acuden a las residencias y de los que estas facilitan sus datos, unos 1500 que sería personal de cocina, peluquería..., que en una proporción no estarían en este primer grupo de vacunados.
Se trata de evitar con esta medida que no se incluyan como prioritarias personas que no son residentes o que no son trabajadores que tienen contacto directo con ellos.