Desde hace seis meses, todos los miércoles, los trabajadores de los centros de mayores que dependen del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) de la capital oscense realizan un paro para denunciar sus condiciones laborales. Su principal reclamación es la falta de personal para poder atender de manera adecuada a las personas que viven en las residencias geriátricas.
En el ISASS se anunció en junio que se iba a hacer un estudio de la carga de trabajo de estos profesionales y el el Departamento de Ciudadanía manifestó la necesidad urgente de desarrollar el marco normativo que solucione las carencias que se dan en el sistema. Sin embargo, los trabajadores denuncian que se trata de una situación enquistada que se agrava cada día que pasa pues cada las personas que se atienden son cada vez más
dependientes.
La Central Sindical Independiente (CSIF) y del Sindicato de Auxiliares de Enfermería (SAE) son las entidades que agrupan a estos trabajadores que, además, están realizando una recogida de firmas. Denuncian que los centros tienen una carencia de hasta un 40 % de personal y que esto afecta a auxiliares, personal de cocina, personal de limpieza, etc. La sobrecarga de trabajo está provocando además bajas por estrés, ansiedad, problemas físicos y una acumulación de días libres.
La incógnita que se plantea es cuánto le cuesta a la Diputación de Huesca mantener una persona en una plaza de una
residencia de tercera edad de esa provincia y qué tipo de gestión está aplicando.
En agosto la Diputación Provincial de Huesca aprobó por unanimidad exigir al Instituto Aragonés de Servicios Sociales q
ue se garantice una asistencia de calidad en las residencias geriátricas que dependen de él. Se solicitaba un incremento de las plantillas acorde a las ratios de volumen de trabajo y las necesidades de asistencia. También el Justicia de Aragón realizó en 30 de mayo una recomendación acerca de la situación laboral del personal que trabaja en
residencias de mayores y centros de día que recogía la actualización de las ratios de personal, la intensificación del control o la necesidad de negociar el convenio colectivo del sector con las patronales pues su vigencia finalizó en 2013.
Esperamos que se resuelva en breve este conflicto que afecta gravemente a la calidad de vida de las personas mayores y de las personas que trabajan para proporcionársela. Quizás debería estudiar la Diputación Provincial si no sería más conveniente ampliar el número de plazas concertadas y prestaciones económicas vinculadas.